A pesar de que Cambia Mendoza ha ampliado su representación parlamentaria, aún necesita los votos del peronismo para avanzar en una modificación de la Carta Magna. Desde la principal fuerza opositora, han ratificado su negativa a apoyar el proyecto de Rodolfo Suárez.

La relación entre ambos espacios -que tendía a encauzarse con el cambio legislativo tras un acuerdo entre los jefes de bloque- se enfrió (incluso se resquebrajó más) tras el caso Bonarrico, por el que ante todos exige la presencia del ministro de del gobierno Víctor Ibañez en el parlamento, y del ejecutivo resisten.

En este contexto, el oficialismo pisó el acelerador el jueves. Por un lado, el Gobernador volvió a explicar los «beneficios» de su propuesta y reivindicó el tratamiento, más como la expresión de un deseo que como una fuerte convicción. Insistió en que la iniciativa apunta a abaratar la política y acusó al PJ de querer «mantener la corporación legislativa«, en relación a que el texto prevé la supresión de una de las dos cámaras de deliberación de leyes.

“Proponemos una reforma constitucional empática con los mendocinos y mendocinas. Hace tiempo que (los legisladores opositores) la tienen y han tenido tiempo suficiente para estudiarla. Hay que preguntarles a ellos por qué no la quieren”, mantuvo.

El  peronismo había anticipado que no participaría del encuentro a través de un comunicado en el que pidió “el restablecimiento del orden institucional en Mendoza”. “Es imposible pensar en un debate serio y sincero acerca de una reforma constitucional en Mendoza, si no se respeta mínimamente lo ya establecido por nuestra Constitución respecto de la rendición de cuentas ante esta Legislatura”, expusieron desde el PJ.

Además, plantearon la necesidad de priorizar los “temas vinculados a los problemas de la gente”, entre los que mencionaron a la inseguridad, salud, producción, trabajo, infraestructura escolar, salario de estatales y la economía; y abandonar “los debates estériles en el actual marco de desconfianza y ausencia de diálogo entre las dos principales fuerzas políticas”.

De este modo, las palabras de la jueza del Tribunal de Gestión Asociada en lo Tributario -quien desarrolló un interesante tratamiento sobre la necesidad de reforzar la autonomía municipal y descentralización del poder- no tuvo eco más allá del colectivo radical (y aliados).

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