El Ejecutivo provincial suma una nueva iniciativa para encontrar una solución previa al inicio de un proceso judicial en casos que tienen que ver con el fuero civil.

La oficina estará compuesta por abogados que rendirán ante la Subsecretaría de Justicia un concurso para ser parte del cuerpo de conciliadores civiles. Además, se estipula que funcionará bajo el ámbito de la Subsecretaría de Justicia y Relaciones Institucionales y se estima que el 80% de los procesos civiles pase por la etapa obligatoria de conciliación.

Este proyecto contó con la participación de la Asociación de Magistrados Judiciales de Mendoza y los colegios de abogados y procuradores de todas las circunscripciones judiciales, quienes ponderaron la necesidad de implementar esta oficina y han realizado aportes y comentarios que se plasmaron en la iniciativa.

Para entenderlo, los que ingresarán primero a la instancia de conciliación obligatoria serán casos donde existan posibles daños y perjuicios, accidentes de tránsito e incumplimientos contractuales, entre otros. Si se llega a un acuerdo entre las partes, se da por cerrado el conflicto y se homologa el proceso, mientras que, si no hay conciliación, se labra un acta de fracaso, que será solicitada por el tribunal al momento de interponer la demanda.

El Gobernador Suarez destacó que estas reformas se hacen “pensando en el ciudadano, para que acceda a un sistema de Justicia ágil que brinde una respuesta rápida a sus requerimientos. Así, los procesos que antes demoraban de 5 a 10 años en promedio, actualmente con el nuevo Código Civil muchos se resuelven antes del año y, con esta reforma que promovemos, van a tener una resolución en menos tiempo”.

 “Este proyecto se enmarca dentro de un proceso de reforma judicial que inició con el gobierno de Alfredo Cornejo. Es el resultado de los beneficios que vienen de la Oficina de Conciliación Laboral, donde se acuerdan, previo a una instancia judicial, los conflictos laborales disminuyendo considerablemente la cantidad de judicialización de los casos y los costos de los mismos. Es un beneficio directo para la ciudadanía que otorga celeridad”, explicó por su parte Víctor Ibáñez.

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