Desde el entorno del gobernador Rodolfo Suarez, aseguran que pese a los resultados de la reunión del Coirco, en la que Mendoza resulto desfavorecida por la votacion en bloque de las demas provincias, la licitación no se suspenderá; por lo que esperan que las empresas se presenten para competir por la “obra del siglo”.  Hasta el momento, solo IMPSA adquirió el pliego por un valor de 100 mil dólares.

“Solo la justicia puede suspender la obra en esta instancia”, aseguran desde el entorno del gobernador.

Pero además de la licitación en curso, el 28 de julio la provincia espera recibir el cuarto desembolso del gobierno nacional por 18,5 millones de dólares. Si bien hay incertidumbre por el futuro de la obra hidroeléctrica, en Mendoza esperan que los fondos lleguen, ya que hay un convenio firmado con la nación.

En tanto, este fin de semana, por «mesa de entrada electrónica», el diputado demócrata Guillermo Mosso, que pertenece a Cambia Mendoza, presentó un proyecto de resolución, que pide al gobierno enjuiciar a los gobernadores de La Pampa, Neuquén, Río Negro y Buenos Aires, y sus respectivas provincias, porque la votación del COIRCO del viernes, pidiendo un nuevo estudio de impacto que no corresponde, lesiona los intereses de la provincia.

La noticia difundida por Mendoza Post, indica que «La decisión tomada el día viernes 26/06/2020 por el Consejo de Gobierno del COIRCO, que ordena la realización de un nuevo estudio de impacto ambiental para la obra Aprovechamiento Hídrico Multipropósito Portezuelo del Viento es claramente ilegítima e ilegal y le provoca a la Provincia de Mendoza un gravísimo daño que debe ser resarcido por los causantes» dice Mosso en su proyecto de resolución. «Se pretende exigir que se realice lo que ya fue hecho, con una manifiesta intencionalidad de retrasar, dilatar, obstruir e impedir el desarrollo de una obra que como ya dijimos, forma parte de un plan de aprovechamiento de la cuenca que décadas atrás fue acordado y aprobado por todas las provincias integrantes del COIRCO» afirma.

Si la Cámara de Diputados le diese aprobación inmediata, el gobierno podría iniciar acciones mediante la Fiscalía de Estado.