El Escuadrón 56 de Gendarmería Nacional realizó más de una docena de operativos en Gualeguaychú y Buenos Aires en el marco de una investigación iniciada a mediados de este año por el Juzgado Federal de Gualeguaychú. Una referente de una organización social ha sido detenida como parte de las actuaciones.
En septiembre, bajo orden del juez federal Hernán Viri, se realizaron 23 allanamientos en diversos puntos de Gualeguaychú, incluyendo comedores y espacios vinculados a movimientos sociales. Durante estos procedimientos, se secuestraron documentación y teléfonos celulares de referentes sociales, así como un listado de personas que administraban el plan nacional Potenciar Trabajo. La investigación se centra en presuntas exigencias bajo amenazas a beneficiarios del plan, a quienes se les habría pedido dinero para acceder a la asistencia.
Durante una intensa jornada de trabajo, el pasado martes hubo 13 nuevos allanamientos para poder interrumpir definitivamente estas actividades y se realizó un nuevo secuestro de prueba referida a los nuevos investigados de las organizaciones sociales. Se dispuso la detención e incomunicación de la principal investigada, la mujer de 51 años, que quedó alojada en el Escuadrón 56 de Gendarmería Nacional.
Uno de esos allanamientos se llevó a cabo en la localidad de La Matanza, lugar donde residía la referente nacional antes referida, habiendo dado resultado positivo tal procedimiento.
También, en varios allanamientos realizados en Gualeguaychú, en varios domicilios particulares de las referentes sociales investigadas, se encontró una gran cantidad de mercadería que sería para entregar a los beneficiarios de los planes, todo lo cual fue secuestrado por el Juzgado Federal y puesto a disposición del Ministerio de Capital Humano. Aproximadamente, a la fecha, se encuentran 20 personas implicadas.
Los nuevos procedimientos se derivan de denuncias realizadas en diciembre de 2023 a la línea 134 del Ministerio de Capital Humano. La investigación reveló que, en movimientos sociales como Cuba MTR, Evita y UTEP, algunas líderes exigían un 10% de los beneficios de Potenciar Trabajo a sus titulares. Además, se les pedía dinero a cambio de recibir los bolsones de mercadería proporcionados por el Estado Nacional.
Asimismo, se comprobó que los beneficiarios eran obligados a participar en marchas, cortes de ruta y acampes, con listas de asistencia. También debían realizar actividades proselitistas, como distribuir boletas y vender rifas, bajo amenazas de ser dados de baja del plan o de no recibir los alimentos.
En paralelo, el juez Viri ordenó una investigación patrimonial sobre los denunciados. Se descubrió una gran cantidad de transferencias bancarias realizadas por beneficiarios del plan a referentes de movimientos sociales en Gualeguaychú. Muchas de estas transferencias iban dirigidas a familiares de las líderes barriales, quienes administraban los «fondos». Uno de los hijos de la principal investigada habría recibido 51 millones de pesos en una billetera virtual entre 2020 y 2024. Este monto, además de otras modalidades de pago no rastreables, sugiere cifras aún mayores.
La investigación también identificó transferencias realizadas por las líderes locales hacia una destacada referente social a nivel nacional, radicada en La Matanza, provincia de Buenos Aires, por sumas significativas de dinero.
Por último, la principal investigada, una mujer de 51 años vinculada al movimiento MTR Cuba, aparece registrada únicamente como pensionada, pero entre 2022 y 2023 adquirió tres vehículos 0 km y terrenos. Además, quedó demostrado que tanto ella como su círculo familiar llevaban un nivel de vida considerablemente alto, incompatible con los ingresos declarados oficialmente.
