A qué se debe el reclamo.
Tras conocer que los presos de alto perfil que se encuentran alojados en el módulo VI, pabellón C, del Complejo Penitenciario Federal N°1 de Ezeiza iniciaron una huelga de hambre que lleva casi dos semanas de duración, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, desoyó el reclamo de los detenidos que apuntaron que el nuevo sistema de detención aplicado a los presos de alto perfil.
Los reos denunciaron que este sería “inhumano” y violaría los derechos humanos, mientras que la funcionaria sentenció que es parte del plan de quita de poder y privilegios a los narcoterroristas.
“Los que asesinaron, torturaron y dominaron Rosario durante años, ahora piden ‘abrazar a sus seres queridos’”, apuntó la titular de la cartera, a modo de defender el sistema que se implementó como método de controlar y restringir el accionar de los conocidos jefes narcos. Desde hace años que se encuentran alojados en prisiones federales con condenas relacionadas al narcotráfico, pero esto no les había impedido continuar al frente de las asociaciones ilícitas.
Frente a esto, desde el Ministerio de Seguridad de la Nación se creó el Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo, una herramienta que nació con el objetivo de aislar a los reclusos de la población carcelaria común y eliminar los beneficios a los que accedían en las cárceles. Por este motivo, Bullrich celebró la efectividad del protocolo, debido a que este se habría significado un golpe directo a los presos de alto perfil.
“Los narcoterroristas ya no tienen poder ni privilegios. Ni dentro ni fuera del penal”, destacó la funcionaria por medio de una publicación en la red social X, la cual utilizó como un método de respuesta a una nota de Tiempo Argentino que hizo eco del reclamo presentado por el abogado Fabio Galante, que está a cargo de la defensa de varios reclusos que se sumaron a la medida de fuerza.
En la lista de los detenidos que son representados por Galante se encuentran perfiles como el de Alionzo Ruth “Ruti” Ramos Mariños, vinculado a una causa de narcotráfico en el Barrio 31 bis; Mario Segovia, apodado como “El Rey de la efedrina”; y de Ignacio “Ojito” Actis Caporale, un piloto de carreras detenido por presuntamente haber enviado 8 kilos de cocaína a la ciudad española de Salamanca.
Luego de que el defensor presentara un habeas corpus ante el Juzgado Federal de turno en Lomas de Zamora, éste explicó que la queja inició porque “pueden hablar con sus abogados una sola vez al día y con sus familiares directos un solo día en la semana”. Y continuó: “los tienen encerrados 20 horas por día y los menores de edad y las mujeres embarazadas tienen que ser a sus padres y maridos detrás de un vidrio y hablarles por el teléfono que está en ese sector”, en referencia a que no pueden pasar por el scanner utilizado en la requisa previa al ingreso en el penal.
“Es inhumano porque no nos permiten abrazar a nuestras mujeres e hijos, nos robaron todas nuestras pertenencias, no soportamos cumplir condena en estas condiciones”, reclamó uno de los detenidos durante un diálogo con el medio mencionado. Asimismo, Galante apuntó que “la situación es inconstitucional desde donde la miremos, se están violando todos los derechos humanos de estas personas, pero hasta el momento la Justicia no ha dicho nada al respecto”.