Este viernes, la realidad de las personas con discapacidad y sus familias quedó otra vez expuesta, en el marco de un paro que llevó adelante el sector de los profesionales de la salud especializados en la temática en la Casa Rosada y en todo el país. Transportistas y familiares reclamaron en distintas provincias.
Las manifestaciones se realizaron también en otras provincias como Mendoza, Corrientes y Misiones. Las entidades que representan al colectivo de personas con discapacidad, profesionales y transportistas, llevaron a Casa Rosada un pedido formal para que la reforma en el Sistema Único de Prestaciones, se realice con especial atención en los controles a las prestaciones de las obras sociales, y los tiempos de demora en el pago a profesionales. El área de discapacidad, sufre los efectos de un sistema que no llega en tiempo y forma para atender sus necesidades básicas y elementales, relativas a tratamientos, acompañamiento terapéutico, transporte, mobiliario como sillas de ruedas, e inclusive atención médica especializada y medicamentos específicos.
Este viernes, los prestadores de servicios de salud y transporte para las personas con discapacidad realizaron otra jornada de protestas. Sostienen que hay demoras en los pagos. El impacto recae, una vez más, entre quienes más necesitan de un abordaje integral para mejorar su calidad de vida.
A nivel Nacional, se estima que al menos 5 millones de personas viven con una discapacidad, motriz, sensorial, intelectual, neurológica o más de una de ellas. Son bebés, niños, niñas, adolescentes, adultos y adultos mayores que por distintos motivos, requieren de un abordaje más profundo en materia de salud.
Enfermedades incapacitantes asociadas a patologías previas, y accidentes viales se suman entre las causas no congénitas de discapacidad.
Los reclamos en la puerta de la puerta de la Casa Rosada, y las marchas que se realizaron en otras provincias, no son nuevos ya que comenzaron a fines de octubre de 2022. En el grupo de lo que se considera prestadores de servicios de personas con discapacidad, incluye docentes, terapeutas y acompañantes, muchos de ellos especializados, por ejemplo, en psicopedagogía, fonoaudiología psicología o kinesiología, hasta instituciones y empresas que prestan servicios de transporte.
Situación crítica para las personas con discapacidad y sus familias desde el año pasado
Gilda Kriskovich, presidenta de Prestadores de Discapacidad Unidos, una de las entidades que a nivel nacional se sumó al paro, explicó: “La situación es crítica para las personas con discapacidad y sus familias desde el año pasado. En la actualidad se sigue a nivel nacional con demoras en los pagos a los profesionales que superan los 180 días. Hay un abandono por parte del Estado, y un recorte muy nocivo para las personas con discapacidad, porque cada vez hay menos profesionales de la salud y personal de servicios como transporte, que quieran trabajar mediante convenio con las prestadoras, por este motivo».
Kriskovich sostiene que el sector de los prestadores el área de discapacidaden todo el territorio Nacional, no está exento de la crisis económica actual, que se complejizó con un porcentaje de inflación que alcanzó al 13,1% en los dos primeros meses de 2023. Según denunciaron, la situación genera un irremediable efecto en cadena.
Para que las personas con discapacidad cuenten con la cobertura adecuada, y sin demoras por parte de su obra social o prepaga, es necesario que el dinero que es gestionado por la Superintendencia de Servicios de Salud, y luego derivado de los fondos que llegan a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), sea depositado en tiempo y forma a las obras sociales y prepagas para que éstas, a su vez, lo destinen al pago de los honorarios de los prestadores.
Otro de los puntos que desde el sector de los prestadores reclamaron, fue que desde la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) les prometieron realizar reuniones de directorio. Hasta la fecha, sostienen los Prestadores Independientes de Mendoza, esto no se realizó y por eso se unieron a las nuevas protestas.
«Las medidas tomadas por el directorio referidas al aumento de nomenclador, se facturará en abril, para su cobro en junio-julio de 2023. Por lo que los prestadores serán el único sector de trabajadores del país en ver reflejado un aumento por el trabajo y servicios brindados en julio-agosto de 2023», expresaron a través de un comunicado, que también fue firmado por el Observatorio de las Personas con Discapacidad de Mendoza y la Asociación de Transportistas de Personas con Discapacidad. De no tener una respuesta, en breve, desde el sector plantearon la posibilidad de «instalar una carpa blanca por tiempo indeterminado».
El impacto de esas situaciones, afecta el acceso de las personas con discapacidad al sistema de salud. La peor parte, se la llevan quienes hacen sus aportes a las obras sociales, pero en concreto, se ven sujetos a trámites demorados que terminan obstaculizando el acceso a derechos básicos fundamentales.
No solo los trámites suelen ser son engorrosos por los tiempos de demora en la aprobación de la documentación, o los plazos extendidos para otorgar turnos, sino que una vez que las familias logran reunir todo para presentarlo, otra vez los plazos se extienden «Hay mamás que han hecho los trámites desde diciembre y que todavía no tienen las autorizaciones correspondientes», explicaron.