El gobierno nacional  aplazó la doble indemnización por un lapso de 180 días, que rige desde el 13 de diciembre y que vencía el próximo sábado, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia que extiende la emergencia pública en materia ocupacional.

La prórroga de la doble indemnización, que fue elaborada por el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, había sido pedida a mediados de mayo por la CGT, cuyo cotitular Héctor Daer (Sanidad) sostuvo que había que “generar un paraguas para que no existan despidos”.

En este sentido, se aplicará para los despidos sin justa causa y extiende la vigencia de la emergencia ocupacional, que vencía este sábado. Quedan exceptuados de sus alcances los trabajadores del sector público nacional

De esta forma, los trabajadores tendrán derecho a la doble indemnización hasta fin de año en caso de despidos sin justa causa. El DNU, que fue publicado este miércoles en el Boletín Oficial, afirma que sus alcances “no serán aplicables a las contrataciones celebradas con posterioridad a la entrada en vigencia del Decreto N° 34/19 (que estableció la emergencia ocupacional en diciembre) ni al sector público nacional definido en el artículo 8° de la Ley N° 24.156 y sus modificatorias, con independencia del régimen jurídico al que se encuentre sujeto el personal de los organismos, sociedades, empresas o entidades que lo integran”.

Así, con el nuevo DNU, el Gobierno completa una serie de medidas destinadas a proteger el empleo, que incluyeron el reciente DNU 487/20 que extiende la prohibición de los despidos por otros 60 días, hasta fines de julio, y la resolución 475 del Ministerio de Trabajo, que convalida y reglamenta la continuación por 60 días del acuerdo marco alcanzado por la UIA y la CGT para facilitar las suspensiones del personal sin tareas y establecer el pago de un asignación equivalente al 75% del sueldo neto.

El nuevo DNU se dictó pese a que rige la prohibición de los despidos ya que, como se explica en los considerandos de la norma, “existen situaciones que demuestran la necesidad de mantener la duplicación de las indemnizaciones, como son las referidas a la extinción indirecta del vínculo por incumplimientos graves del empleador y la empleadora o a la aceptación por parte del trabajador o de la trabajadora de la eficacia extintiva, o incluso en aquellos supuestos en los que se torna difícil acceder a la reinstalación, ya sea por la clandestinidad laboral o el cese de actividades”. Se refiere a los retiros voluntarios o a los acuerdos de partes para que el trabajador cobre una indemnización a cambio de no plantear la nulidad del despido, por ejemplo.

Cuando se estableció la doble indemnización, al comienzo del gobierno de Alberto Fernández, la medida cosechó tanto apoyos como críticas entre economistas, quienes ponderaron por un lado que sería un “freno” a la aceleración de despidos sin causa que se produjo en el último tramo de la Presidencia de Mauricio Macri pero, por el otro, advirtieron que no atendía el centro del problema, que no pasaba por el aumento de los despidos sino por un bajo nivel de contrataciones de nuevo personal.

Estas medidas vinculadas con la protección del empleo se dan en un contexto crítico de la economía debido a la cuarentena. Según el Ministerio de Trabajo, a partir de la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) para el mes de abril y del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) para el mes de marzo, “el trabajo registrado se contrajo en la mayoría de sus modalidades, incluyendo el empleo asalariado en empresas privadas, y esto se verifica en un contexto en el cual, en abril, el 19% del total de las empresas relevadas no operó y el 38% de las firmas operó a menos del 50% de su capacidad productiva”.