La ministra de Seguridad de Chaco, Gloria Salazar, confirmó el desplazamiento de los efectivos involucrados y repudió el “accionar ilegal, violento, arbitrario de integrantes de la Policía» hacia los integrantes del pueblo originario. Además, exigió «la correspondiente investigación al personal que intervino en el operativo” para que sea juzgado penalmente. (Algo que no se entiende, cuando debería ser el propio gobierno quien lleve adelante la investigación)

El anuncio oficial del gobierno se produjo a 48 horas de ocurrido el brutal ataque.

El hecho se hizo público, luego de que se viralizaran videos, fotos y audios de personas con gritos de terror que viven en el barrio Cacique Pelayo-Banderas Argentina, de la localidad chaqueña de Fontana.

Con el correr de las horas, los repudios crecieron a tal punto que el propio presidente Alberto Fernández se solidarizó con la familia qom vulnerada y se pronunció contra las situaciones de violencia institucional, a las que calificó de “una deuda de la democracia”.

Según la denuncia, los policías de la comisaría 3° irrumpieron el domingo a la madrugada al domicilio de una mujer que vive con su padre y sus hijos, sin una orden de allanamiento. Los agentes golpearon brutalmente a los habitantes, los rociaron con alcohol y los amenazaron con prender fuego.

De ese operativo, una adolescente de 16 años y un joven de 19 -los hijos de la familia- terminaron detenidos, junto a una chica de 18 años y otro muchacho de 20. Las víctimas sufrieron distinto tipo de torturas y apremios ilegales, entre ellos, hechos de abuso sexual hacia las mujeres.

Tras difundirse el ataque policial, la ministra de Seguridad de Chaco, Gloria Salazar, dio una conferencia de prensa en la que confirmó que el gobernador Jorge Capitanich apartó a los efectivos involucrados.

La presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Madgalena Odarda reclamó al ministerio de Seguridad chaqueño que establezca una “inmediata intervención de la Comisaría 3° de Fontana”, junto a la separación preventiva de los uniformados que estuvieron de turno la noche del sábado pasado. El organismo exigió también “la debida participación del pueblo indígena en la investigación sumaria” hacia los efectivos, la atención psicológica de las víctimas y su resguardo físico.

La agarraron a mi hija del cabello y la arrastraron, alcancé a prenderme de mi hija y entre seis policías nos agarraron y ahí un oficial me pegó con la 9 (pistola calibre nueve milímetros) en el rostro”, señaló Elsa, la madre de los jóvenes.

Había una pelea entre muchachos y la policía creyó que habían entrado acá”, consideró la mujer.

Tras el escándalo, el gobierno de Jorge Capitanich tomó medidas preventivas contra los efectivos y envió a funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos para asistir y asesorar a las víctimas de la familia qom damnificada. También será querellante en la causa presentada contra los efectivos.

La investigación penal quedó a cargo de la fiscalía de Derechos Humanos, Liliana Beatriz Irala junto a la fiscal Ingrid Wenner, quien estaba de turno al momento del ataque. Tras la realización de varios allanamientos, hoy se espera que citen a declaración indagatoria a los agentes involucrados, quienes aguardan en libertad.

Según la versión policial, el operativo se produjo para dar con los responsables de una supuesta agresión en el marco de una protesta contra la Comisaría 3°. Por eso, irrumpieron en el domicilio donde fueron registradas las imágenes que se hicieron públicas, con la excusa de que se habría cometido un delito en flagrancia. Más allá de la causa que originó el operativo, quedó en evidencia el nivel de brutalidad que desplegaron los efectivos.

Uno de los aspectos que deberán determinar las actuaciones judiciales es si, en el marco del brutal ataque, los efectivos cometieron abuso sexual. Según la denuncia, los uniformados “manosearon” a las mujeres que estaban en la vivienda. Hasta el momento hay al menos cinco agentes involucrados directamente con los hechos denunciados e imputados por excesos y abuso de autoridad.

El presidente Alberto Fernández se refirió este martes las imágenes que se viralizaron en Chaco en la que aparece la policía provincial golpeando y amenazando a integrantes de una familia Qom dentro de su domicilio. El hecho, y el repudio de organismos de Derechos Humanos, empujó al gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, a tomar la decisión de apartar a los agentes de la fuerza.

La denunció que un grupo de policías irrumpió violentamente en su domicilio y golpeó y amenazó con prender fuego a las personas que estaban en la vivienda. En los videos e imágenes que ellos mismo publicaron aparecen con heridas cortantes en el rostro.

“Las imágenes de violencia institucional que hemos visto en las últimas horas en el Chaco son inaceptables. Celebro que el Ejecutivo provincial haya apartado a los efectivos, pero debemos trabajar más profundamente en una problemática que es una deuda de la democracia”, indicó el jefe de Estado en sus redes sociales.