El Senado aprobó con 22 votos a favor y 16 en contra el desafuero del senador Marcelo Romano que solicitó la Justicia, debido a la denuncia en su contra por presunto «atentado contra la autoridad» luego de haber amenazado, según la acusación, a policías que detuvieron a su hija en un control de tránsito.

El Frente Cambia Mendoza aportó la mitad más uno de los votos, mientras que el peronismo se opuso a la medida. Por su parte, Romano denunció «una mordaza que le coloca el oficialismo» por su postura sobre la Ley 7.722 y el cuestionamiento a la licitación de Portezuelo del Viento.

Desde la UCR remarcaron que Romano continuará siendo legislador y que no se afectará su dieta, a la vez que rechazaron que la acusación se trate de una «persecución política». La respuesta del bloque oficial es que se dio lugar al pedido de la fiscal Gabriela García Cobos de quitarle los fueros al legislador para seguir con la instrucción del caso.

Si bien el pedido ingresó en noviembre del año pasado, Cambia Mendoza remarcó que el tratamiento se demoró porque «hubo otros temas que tratar previamente».

El delito de “atentado a la autoridad” del que se acusa a Romano figura en el artículo 238 del Código Penal y establece penas de prisión que van de seis meses a dos años.

Respecto al desafuero, el ex miembro de la Corte Suprema de Justicia Alejandro Pérez Hualde explicó que el artículo 167 de la Constitución Nacional permite avanzar con el proceso penal según distintos requisistos. «Por un lado, que el legislador se esté escudando en sus fueros para impedir que avance la Justicia en la investigación del caso», señaló en diálogo con LVDiez.

La segunda condición es que estén dadas las condiciones para producir el dictado de la prisión preventiva. «Hay que remover sus fueros cuando es necesario privarlo de la libertad, allanar el domicilio, llevarlo obligadamente a prestar indagatoria. Este tipo de medidas en donde se actúa con violencia legítima sobre la persona de diputado», aclaró el ex magistrado.

Además, Pérez Hualde sostuvo que en el caso de Romano «es prácticamente imposible» la segunda condición porque la pena es insuficiente. «Él está siendo investigado por un proceso en el cual nunca le pondrían más de 2 años y, en segundo lugar, debe acreditar que existe algunos de los riesgos, que se está por fugar, que hubo que pedir su captura, que se niega a concurrir a los Tribunales», explicó.

n noviembre del año pasado, la fiscal Gabriela García Cobos imputó al legislador de Protectora y lo acusó de presunto “atentado contra la autoridad” por un altercado que mantuvo con agentes de la policía cuando frenaron a su hija, que circulaba en un Renault Clio en el Acceso Sur.

Según se estableció en la denuncia, Romano habría amenazado a los policías con hacerlos echar cuando frenaron a su hija en un control vial, ya que aparentemente circulaba con exceso de velocidad.

“A mi hija la rodearon seis patrulleros, armaron un aparato gigantesco. En ese momento le dije al ex ministro de Seguridad, Venier (Gianni), que me parecía un  despropósito sin importar de quién era la hija”, afirmó Romano.

 

 

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