El 18 de enero de 2015, a las 22.32 horas, fue encontrado sin vida en el interior de su departamento en el Complejo Le Parc de Puerto Madero. “Sabían que para silenciarlo tenían que matarlo“, dijo la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, ex esposa del fiscal.
Cuatro días antes había denunciado a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a varios integrantes de su gabinete y a dirigentes aliados, por el presunto encubrimiento de los autores que perpetraron el ataque terrorista contra la sede de la AMIA.
Para la justicia, está claro: la hipótesis principal es que se trató de un homicidio con la participación activa de terceras personas que ingresaron a su departamento en Puerto Madero, lo redujeron, lo trasladaron hasta el baño ubicado en el cuarto principal, lo obligaron a colocarse de rodillas y le dispararon en la cabeza, con la intención de simular un suicidio.
Hay cinco procesados: Diego Ángel Lagomarsino, como partícipe necesario del delito de homicidio agravado; y los efectivos policiales Rubén Benítez, Luis Miño, Armando Niz por encubrimiento; y Néstor Durán por encubrimiento e incumplimiento de deberes de funcionario público. Sin embargo, falta esclarecer quiénes fueron los ejecutores del presunto crimen.
Asimismo, se abrió otro proceso a raíz de las irregularidades que detectaron durante los peritajes en el departamento de Nisman, en los que aparecen imputados el ex Secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni; el jefe de la Prefectura Naval Argentina, Luis Alberto Heiler; de la Policía Federal Argentina, Román Di Santo; y el ex Secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas del Ministerio de Seguridad, Darío Ruiz.
El fiscal Nisman dedicó el sábado 17 de enero de 2015 a la presentación que planeaba realizar el lunes siguiente en el Congreso para exponer los detalles de su denuncia. Permaneció en su departamento, desde donde mantuvo comunicaciones con sus custodios, con su madre y su equipo de trabajo. Durante el transcurso del día, por disposición del fiscal, sus custodios abandonaron Puerto Madero y realizaron una serie de diligencias en la Ciudad de Buenos Aires y en la localidad bonaerense de Olivos.
Fue así que lo dejaron sin protección desde el mediodía hasta pasadas las 20 horas. Mientras tanto, Nisman trabajaba en su departamento, con las persianas bajas.
Además de sus custodios, en el departamento estuvo en dos ocasiones el ingeniero informático Diego Lagomarsino, quien normalmente le brindaba asistencia en temas tecnológicos, y había tenido acceso a la denuncia antes de que fuese presentada. En la primera visita mantuvieron una conversación relacionada con armas de fuego; y en la segunda le llevó la pistola de la que provino el disparo, y que apareció junto al cadáver de Nisman.
Luego, ya ocurrido y descubierto el hecho, durante la primera hora y media, y antes de que se presentaran las autoridades judiciales, la investigación estableció que el departamento de Nisman estuvo repleto de entradas y salidas de distintos funcionarios de la Prefectura y la Policía Federal, sin ningún tipo de justificación, lo que atentó directamente contra la preservación de la escena.
Esa noche circularon unas 80 personas que no pudieron acreditar sus motivos. Pasaron por el dormitorio, algunos incluso se sentaron en la cama, y se llevó adelante el reconocimiento de elementos probatorios, sin ningún tipo de protección, lo que puso en riesgo la correcta recolección de huellas.

Del informe confeccionado por la División Rastros de la PFA surge la obtención de huellas dactilares de un total de 35 personas en la escena del hecho, mientras que los únicos diseños papilares que lograron identificar corresponden a una de las personas que estuvo dirigiendo el procedimiento.
Como parte de las irregularidades determinaron que desfilaron en el departamento de Nisman sin ninguna asignación específica funcionarios de los más altos rangos de las fuerzas de seguridad y del Poder Ejecutivo Nacional, entre ellos el ex secretario de Seguridad de la Nación Sergio Berni, el jefe de la Policía Román Di Santo, el Prefecto General Luis Alberto.
Y, como si fuera poco, el mismo sábado 17 de enero de 2015, alrededor de las 16.00 horas, ocurrió un incendio en Casa Rosada. Según informó Casa Militar, por este siniestro se perdieron todos los datos de ingresos y egresos existentes hasta el 17 de enero de aquel año, es decir toda la información que el fiscal había solicitado para corroborar su denuncia contra el Poder Ejecutivo.
El informe de la fiscalía detalla que “Mucho se habló de las pruebas que presentaría Nisman el lunes en el Congreso, y posteriormente en la causa judicial. Una prueba clave para corroborar los hechos denunciados por el fiscal era precisamente quiénes habían ingresado a la Casa Rosada. Esa prueba, trascendental, fue destruida con el incendio ocurrido precisamente horas previas al homicidio de Nisman”.
El relato del periodista Diego Leuco

