Ayer, el oficialismo del Senado aprobó remover de sus cargos a los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi y al juez Germán Castelli, quienes intervienen en causas de corrupción ligadas a Cristina Kirchner.

Ahora los magistrados Bruglia y Bertuzzi, que confirmaron el procesamiento de la actual vicepresidenta en la causa conocida como “Cuadernos de las coimas”, y Castelli que integra el tribunal oral que juzgará ese caso; quedaron a un paso de tener que volver a sus juzgados de origen. Los tres están a la espera de una posible intervención de la Corte.

Para formalizar el desplazamiento, ahora el Presidente debe firmar el decreto respectivo.

Por otro lado, el Senado publicó la lista de 29 candidatos a vacantes en la justicia cuyos pliegos acaban de ingresar a la Comisión de Acuerdos que preside la senadora Anabel Fernández Sagasti.

Veintidós de ellos tienen menos de 48 años, y todos exhiben una clara pertenencia política al kirchnerismo, participaron de algún fallo que lo beneficiara directa o indirectamente, o militan en Justicia Legítima.

Como ejemplo, uno de los postulados fue compañero de la secundaria de Andrés “El Cuervo” Larroque. Otro es del equipo de Félix Crous, el actual jefe de la Oficina Anticorrupción que decidió retirar al organismo como querellante de las causas de corrupción contra Cristina.

Entre los candidatos mayores de 50 aparece Viviana Piñeiro, la jueza de Seguridad Social que tiene que resolver si a Cristina le corresponde cobrar dos pensiones vitalicias al mismo tiempo -como viuda de un Presidente y como Presidenta-, tal como ella reclama.

La propuesta sobre Piñeiro es para ascenderla a camarista de ese fuero.

Otro de los “mayores” propuesto para un ascenso es Guillermo Todarello, que integró la mesa de diálogo con los presos de Devoto en la crisis carcelaria de principios de año. Allí participó junto al viceministro de Justicia ultra K Juan Martín Mena y al subsecretario de Política Criminal Pablo Barbuto, el mismo que el viernes juró como integrante del tribunal de enjuiciamiento de la Procuración que busca desplazar al procurador Eduardo Casal.

Y así el resto.

La maniobra del sector kirchnerista en el senado parece estar construyendo un futuro a medida de Máximo Kirchner. Un proyecto de poder a largo plazo donde el único sucesor político natural confiable que asoma en el horizonte es Máximo. Para eso tiene dos objetivos primordiales.

El primero es conseguir que todas las causas contra ella y su familia queden desactivadas en los tres años y tres meses que le faltan de mandato.

El segundo es dejar una Justicia vertebrada al molde de Máximo Kirchner. Que, si le toca gobernar a él alguna vez, tenga todos los jueces alineados que necesite.

Máximo Kirchner se presentó en sociedad a fines de 2014 en un acto en Argentinos Juniors en el que prometía que los cambios del kirchnerismo serían irreversibles.

Desde allí, su construcción de poder es siempre hacia adentro y sus actuales apariciones públicas son únicamente en Diputados o, silenciosamente, para avalar alguna jugada estratégica: allí estuvo, en Olivos, detrás de Alberto Fernández, cuando el Presidente anunció que le quitaría dinero de la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires. Una formalización de la declaración de guerra a Larreta que Cristina había pedido públicamente en enero.

Máximo es un dirigente del establishment de la política, que heredó de sus padres su posicionamiento actual. Algo así como nacer con una banca bajo el brazo.

Se trata de un hombre rico, que en 2018 declaró tener 28 propiedades y efectivo por 2,8 millones de dólares.

Según Alberto Fernández: “Máximo es una figura que todavía la sociedad no advirtió la calidad política que tiene. Con una vocación de concebir la política como un hecho colectivo, igual a su padre y a Cristina. Y con un futuro promisorio”.

 

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