Podrían llegar a su destitución.

La jueza de Familia de Mendoza María Elizabeth Lizán quiso renunciar a su cargo cuando fue denunciada por mal desempeño y desorden de conducta, pero no se aceptó la dimisión para que avance la investigación del Jury de Enjuiciamiento, que este jueves votó la suspensión de la magistrada.

Es la segunda vez en 10 años que Lizán se sentará en un juicio de destitución. El primero fue por el escándalo de adopciones en el Valle de Uco. Las actuaciones fueron archivadas y ella fue trasladada al Gran Mendoza, donde quedó al frente del Juzgado de Familia 12 de Las Heras.

Lizán, de 64 años, pasará a cobrar la mitad del sueldo hasta que a fin de año se resuelva su situación laboral. El Jury de Enjuiciamiento otorga 30 días a la magistrada para defenderse. En noviembre arrancará el proceso definitivo para su posible destitución.

A la jueza del Juzgado de Familia 12 de Las Heras se la acusa de prestar su clave de firma digital a empleados de su juzgado para que firmen las resoluciones por ella. No solo prestaba ese token intransferible y personal, sino que varios empleados han declarado que Lizán no revisaba los expedientes que se firmaban a su nombre.

En cuanto a la acusación por desorden de conducta, la denuncia menciona el destrato con sus empleados, la irregularidad de horarios para trabajar, faltas sin aviso, inasistencia a las audiencias y actividades extra laborales realizadas en las que buscaba involucrar a terceros.

En mayo de este año, la magistrada había presentado su renuncia al gobernador con intenciones de jubilarse, pero no logró su objetivo y la investigación del Jury continuó.

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