La extensión del plazo de pago de los consumos de la tarjeta de crédito por tres meses, para aquellas obligaciones que vencen entre el 13 y el 30 de abril de 2020, resulto un alivio para los usuarios; pero hay que tener cuidado.

La medida buscaba dar un respiro a aquellos que no teniendo efectivo para sobrevivir -por no haber podido generar ingresos o por haber consumido sus ahorros- usaran sus tarjetas de crédito para hacer gastos urgentes ahora y pagarlos cuando la cuarentena pase y puedan salir a trabajar, exigiéndoles a los Bancos que soporten esa espera y hagan un esfuerzo.

Para regular esto, el BCRA emitió la Comunicación A 6964. Esta es bastante escueta y, por cierto, también confusa.

“Esencialmente, modifica la fecha de pago original de las tarjetas que vencieran entre el 13 y 30 de abril, pasándolas al mes de agosto y poniendo un techo a la tasa de interés compensatorio aplicable (43%)”

Esto es obligatorio para las entidades financieras emisoras de las tarjetas de crédito y voluntario para el cliente, ya que este puede cancelar el total del saldo impago o refinanciarlo todo o en parte, caso en el que se le aplicarán las condiciones aprobadas por el BCRA.

Queda claro lo siguiente: el interés compensatorio se aplica solamente a las tarjetas de crédito emitidas por las entidades financieras, quedando excluidas las emitidas directamente por las propias tarjetas de crédito que el cliente puede en todo momento pre-cancelar parcial o totalmente lo adeudado.

La normativa permite aplicar sobre el saldo adeudado solamente el interés compensatorio mencionado, por lo que en próximos resúmenes se debería verificar que ningún otro gasto o comisión se agregue por esta extensión de plazo.

Ahora bien, ¿cómo impacta en el límite de compra o de financiación de la tarjeta?

El esfuerzo requerido a los Bancos, no resulta tan así ya que los mismos cobrarían los intereses compensatorios de los que ya hablamos.

Ahora, lo que no se paga y pasa a financiarse –saldo deudor-, hace disminuir el límite de crédito llegando incluso a impedir el uso de la tarjeta por haber alcanzado ese tope.

Es decir, la extensión del pago no implicaría una extensión del límite de compra o financiación establecida en la tarjeta, peor aún si ya se venía con deuda. Algo que afecta, como mínimo, desde el 1 de marzo, con lo que se dejaría a quien más lo necesita sin efectivo y sin tarjeta.

Aquí se plantea entonces el problema de quién debería asumir el riesgo de otorgar una mayor financiación a los clientes en esta situación.

La primera respuesta sería “los Bancos”, pero ¿hasta qué punto podrían hacerse cargo de una posible insolvencia de un cliente con futuro económico incierto, sin violentar al mismo tiempo sus obligaciones frente a sus clientes y accionistas y a regulaciones técnicas del BCRA?

Otra opción sería que el BCRA saliera de garante de esos clientes para permitirles afrontar esta difícil etapa, o que el mismo otorgue créditos personales blandos -con un interés menor al 43%- con el fin de cancelar, aunque sea parcialmente, los pagos de las tarjetas y así destrabar el uso de las mismas.

Fuente: Perfil