Un proyecto presentado por el bloque UCR que ya tomó estado parlamentario en el HCD de Tunuyán tiene como objetivo dar respuesta a la problemática existente de las casas abandonadas, los inmuebles derruidos, o semiderruidos y  las construcciones que se encuentran paralizadas en el departamento de Tunuyán, lo que, según apunta el proyecto, “generan que en estos lugares sean usados para pasar a casas linderas para robar, para guardar cosas robadas o, como ha ocurrido,  en muchos de estos lugares se han producido violaciones y personas que se drogan o usan este lugar para fines delictivos”.

“Con este proyecto de ordenanza se podrá dar solución a esta problemática y una herramienta legal para el Municipio de Tunuyán a fin de poder intervenir estas casas abandonadas pudiendo cerrarlas o desmalezarlas, cobrando este cargo al titular de dicha propiedad”, apuntó sobre el tema el concejal y presidente del bloque, Paulo González Trigo .

En el escrito presentado en el HCD se apunta:

“Visto la necesidad de generar un marco normativo para abordar la situación de construcciones y/o casas en estado de abandono en el ámbito del departamento de Tunuyán”, y remarca en considerandos: “que de un análisis del ejido urbano surge la existencia de innumerables inmuebles ociosos, en estado de abandono, sobre los que recaen abultadas deudas municipales como provinciales; que en su mayoría, estos predios producen problemas de seguridad, sanidad e higiene ambiental, al constituirse en basurales que ponen en peligro la salud de los habitantes aledaños (…), que a su vez se convierten en lugares propicios para la comisión de delitos y/o el escondite de sus autores, por la falta de desmalezamiento”.

Además, entre otras cosas, el proyecto apunta a que “está comprobado que los predios de grandes dimensiones abandonados, como existen en diferentes barrios de nuestro departamento impiden su desarrollo, obstaculizando la consolidación del tejido social, como manifestación y herramienta del progreso; que a la vez perjudica la extensión de los servicios públicos, como agua corriente, cloacas, gas natural, asfalto, para aquellos vecinos más distantes del centro urbano, y que el Artículo 79º de la Ley 1079 “Ley orgánica de Municipalidades” en su inciso 2° establece “intervenir igualmente en la construcción y refacción de los edificios públicos y particulares, al solo objeto de garantir su estética y solidez, y ordenar la compostura o demolición de aquellos que, por su estado ruinoso, ofrezcan un peligro inminente”.

Por este motivo, entre sus artículos más importantes plantea que “los inmuebles derruidos, o semiderruidos, las construcciones que se encuentran paralizadas y las casas abandonadas, deben mantenerse limpias, con cierre perimetral y libre de malezas, basura, residuos y de cualquier materia que signifique riesgo o peligro para la salud, para el medio ambiente o la seguridad pública. Asimismo deberán contar con el cierre y limpieza de Lotes Baldíos conforme lo estipula la Ordenanza 2.552 y sus modificatorias. La responsabilidad de este cumplimiento alcanzará a los propietarios de los inmuebles

También plantea “el reclamo o denuncia por incumplimiento de las obligaciones emanadas de la presente deberá realizarse en la oficina municipal de Atención al Vecino y/o Dirección de Obras Privadas de la Municipalidad de Tunuyán”.

En su artículo 4 advierte que “el Departamento Ejecutivo verificará en un plazo máximo de cinco (5) días corridos a través de la Dirección de Obras Privadas, labrando acta en la que conste su ubicación y una relación detallada del estado en que se encuentra el mismo”.

Por otra parte, otro de sus artículos plantea que el Departamento Ejecutivo intimará en el domicilio fiscal registrado en el municipio al titular del inmueble, a quienes resulten responsables por infracciones a la presente, a realizar los trabajos de cierre, limpieza y desmalezamiento, correspondientes en un plazo perentorio de quince (15) días en el cual deberán oponer los motivos o razones de falta del cierre y limpieza, como toda circunstancia que hagan atendible el descuido del mismo.

Entre otras partes del proyecto de ordenanza se plantea que  también “el Departamento Ejecutivo efectuará un relevamiento de los inmuebles en infracción en un plazo de ciento ochenta (180) días de sancionada la presente, a través de la Dirección de Obras Privadas y mantendrá un relevamiento constante a cargo del organismo competente”.