La diputada oficialista Fernanda Vallejos sugirió que, si la administración pública brinda subsidios a los grandes grupos empresarios, lo haga «a cambio de una participación en el capital de las compañías«.

La propuesta de la legisladora del Frente de Todos, publicada en un hilo de Twitter, incluye la iniciativa de «negarle ayuda a aquellas empresas que operan offshore, fugan divisas y evitan tributar lo que le corresponde al fisco argentino«.

Vallejos prometió que presentará «un proyecto de ley» en ese sentido «que complemente los criterios ya establecidos«.

Evidentemente, la propuesta generó un fuerte repudio en el sector empresario, hoy focalizado en “poder volver a producir”.

Si bien todavía el proyecto no fue presentado, el sector privado advierte que las compañías que están recibiendo ayuda para pagar los sueldos, lo hacen como consecuencia de no poder producir por el Covid-19.

Además, remarcan que los fondos de los subsidios otorgados por el Estado, se depositan directamente en las cuentas bancarias de los empleados, no de la empresa.

Claudio Belocopitt,

Es un absurdo. Primero, porque en todo caso debería plantearse antes de otorgar cualquier tipo de apoyo. Además, se trata de colaborar en una medida muy mínima para tratar de mantener la mayoría de las empresas en pie en una situación absolutamente atípica, que excede a las empresas y también excede al gobierno”, sostuvo Claudio Belocopitt, dueño de Swiss Medical.

En tanto, el presidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (Uipba) y dueño de Cerámica Alberdi, Martín Rappallini, sostuvo que la ayuda que ofrece el Estado es “una medida de contención social”, ya que es el mismo Estado el que le dice a las empresas que no pueden trabajar ni despedir trabajadores.

 “las empresas no están teniendo ningún beneficio. Eso no tiene ninguna relación con tener parte de la empresa porque la ayuda viene a compensar una decisión del Gobierno. Son las empresas las que sostienen al Estado con el pago de los 160 impuestos que hay vigentes”, sostuvo.

Martín Cabrales

Por su parte, Martín Cabrales, dueño de la empresa productora de café, coincidió con el repudio al proyecto y lo consideró “un disparate”. “No lo he leído, pero la sola idea me parece algo disparada sin sentido. No es el rol específico del Estado ser empresario; además, se están dando ayudas en el marco de una pandemia internacional, en un contexto donde las industrias en nada son beneficiadas y en lo único que se piensa es en mantener las fuentes de trabajo y en no romper la rueda productiva”, remarcó.

Las empresas reciben fondos para pagar una parte de los sueldos, o sea la plata va a los empleados, no a los accionistas de las empresas. No veo por qué debería el Estado quedarse con parte de la empresa”, agregó el dueño de Morixe, Ignacio Noel

Y agregó: “No coincido con el proyecto porque si las empresas requieren asistencia es porque están inactivas por una decisión del Estado, que actuó muy bien para evitar el impacto de la pandemia”.

Tras las críticas de varios sectores políticos y económicos a la iniciativa, Vallejos volvió a referirse hoy al tema en su cuenta de Twitter, donde planteó que si bien no conoce casos de países de la región donde se están capitalizando empresas en el marco del Covid-19, sí sucede en las economías europeas y en los Estados Unidos, dijo.

Frente a eso, el vicepresidente Pymi de la UIA y dueño de Sinteplast, Miguel Ángel Rodríguez, explicó que “en esas economías existen seguros de desempleo y con eso le pagan a los empleados que no trabajan. Y en los casos de empresas grandes con grandes problemas financieros, las socorren con importantes aportes, y es en esos casos donde los Estados toman parte de las acciones”.

Parten de premisas equivocadas. Acá lo que están haciendo solamente es ayudar algo con la nómina salarial a muchas empresas que el gobierno no deja trabajar y tampoco suspender. Pero no están ayudando con capital de trabajo. En el segundo semestre habrá una gran cantidad de empresas que entrará en convocatoria” y “la desocupación va ser muy grande”, planteó el industrial.

Javier Madanes Quintanilla

El dueño de Aluar, Javier Madanes Quintanilla, por su parte, no fue tan crítico con la iniciativa de la diputada oficialista, aunque advirtió que nunca podría hacerse como un método de castigo. Consideró ventajoso que el Estado se involucre en los problemas que hoy afronta el sector privado y que, incluso, aporte soluciones. Se mostró de acuerdo con esa idea y sostuvo que, si eso tiene que ser mediante la cesión accionaria, no tiene problemas en discutirlo.

No soy de los que le da pánico que el Estado se involucre, pero sí que lo haga activamente y colaborando. Pero si esta medida se piensa como un método de castigo, vas a dañar a mucha gente que está tirada en el suelo”, manifestó el productor de aluminio.

Y añadió: “El punto central de la discusión es volver a poner la actividad en marcha. Yo no le tengo miedo a trabajar con el Estado bajo cualquiera de las figuras. Lo que sí me da miedo es perder el tiempo”.

 

Fuente: NA

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