Entre los denunciantes está el mendocino Luis Petri.

La denuncia penal contra Alberto Fernández es por “abuso de autoridad” por la intervención de la empresa Vicentin, anunciada ayer por el Presidente en Casa Rosada; lo que tensiona aún más la relación entre el oficialismo y la oposición en torno a la sorpresiva medida.

El Poder Ejecutivo Nacional carece de facultades para apropiarse de la gestión de una empresa privada, cualquiera sea el estado de su patrimonio y el alcance de sus deudas, pues ello implica la violación de uno de los principios esenciales de nuestro sistema constitucional: la propiedad privada es inviolable y nadie puede ser privado de ella sino en virtud de sentencia fundada en ley”, argumentaron Waldo Wolff, Federico Angelini, Pablo Torello, Gisella Scaglia, Álvaro de Lamadrid, Luis Petri y Marcela Campagnoli, los legisladores de la coalición opositora que firmaron la denuncia presentada en los tribunales de Comodoro Py.

Ayer por la noche, los bloques de Juntos por el Cambio del Senado y de Diputados difundieron un comunicado oficial en el que manifestaron que la intervención de la firma agroexportadora y del envío de un proyecto de ley de expropiación de la misma. “Es ilegal, peligrosa e inconstitucional”, resaltaron los senadores y diputados opositores.

Según la presentación judicial, el decreto 522 publicado hoy en el Boletín Oficial viola los artículos “17, 18, 29, 75 inciso 12, 75 inciso 76, 109 y concordantes de la Constitución Nacional”.

La norma que pretende otorgarle tales facultades está vedada por el texto constitucional, que prohíbe al Congreso Nacional y a las legislaturas provinciales otorgar facultades extraordinarias por las cuales la fortuna de los argentinos quede a merced de personas o gobierno alguno. Las normas de esa naturaleza son insanablemente nulas y quienes las emitan serán considerados infames traidores a la patria. En consecuencia, si el Congreso no puede otorgar esas facultades, obviamente no puede atribuírselas el Poder Ejecutivo por un Decreto de Necesidad y Urgencia”, resaltaron los diputados, según el texto al que accedió este medio.

Anabel Fernández Sagasti aseguró que la ley de Alquileres se ...

Al respecto, la senadora Anabel Fernández Sagasti dijo que “Los 18.600 millones de pesos que se le dio a Vicentin sin ninguna garantía se terminó de dar después de que (Mauricio) Macri perdiera las PASO y la cesación de pago fue en diciembre de 2019. Por eso van a tener que explicar varias cosas”, en referencia a la deuda que se contrajo durante el gobierno anterior.

La medida anunciada ayer también puso en foco el aporte económico del grupo exportador a la campaña presidencial de 2019 de Juntos por el Cambio, de la cual fue su principal exponente a través de tres empresas: Algodonera Avellaneda, Friar y Oleaginosa San Lorenzo.

Entre estas tres compañías, Vicentin aportó un total de 13,5 millones de pesos para la campaña de las PASO y agregó otros 5,5 millones mediante Friar para las elecciones generales, según datos de la Comisión Nacional Electoral.

De esta forma la suma de los 19 millones de pesos aportados por el grupo empresario ubicaron a Vicentin al frente de la lista de donantes a la campaña de Juntos por el Cambio, por delante de otras compañías cercanas al macrismo, como las del empresario Marcelo Mindlin, que desembolsaron 8,7 millones.

 

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