Daniela García, jefa de Gabinete del Ministerio de Educación, Cultura e Infancias y DGE, afirmó que se le solicitó al docente el certificado de antecedentes penales, pero que jamás se investigó el tipo de delito por el que fue condenado en 2017, es decir, por abuso sexual.
Por el caso de Hugo Efrain Oyola Amaya, acusado y detenido por abuso contra alumnas de 5to grado de la escuela 1-482 Tomás Alva Edison, hizo estas declaraciones ante la requisitoria de la comunidad de Guaymallén que no se explica cómo un sujeto que ya había sido condenado por abusar de menores, obtuvo nuevamente un cargo docente.
Explicó que: “Se le pidió el certificado de antecedentes penales, que sale con antecedentes, pero no el tipo de antecedentes que tiene. Y que ya se cumplió la sentencia definitiva”.
Si bien la funcionaria omitió detallar a quién le caben las responsabilidades ante el hecho consumado, las atribuyó al sistema que, dijo «los obligó a promover reformas administrativas, como que los condenados por delitos -diversos y especialmente de índole sexual, no puedan volver a ejercer la docencia».
«En 2017, cuando fue imputado, se lo inhabilitó a dar clases. Lo que pasa es que hay un vacío legal. En ese momento era suplente y nunca titularizó y luego de esa inhabilitación pudo volver al sistema. Detectamos el problema por este caso y por eso este Ministerio va a tomar la resolución pertinente«, señaló.
«Tenemos que revisar normativa porque cuando registremos a alguien con antecedentes, hay que ver de qué naturaleza es el delito«, agregó García. “El artículo 141 de la Ley Nacional de Educación nos permite ahora modificar cierta normativa para inhabilitar a docentes a volver al sistema cuando hayan cometido delitos penales y este tipo de sexuales, que no prescriben. A partir de esto vamos a generar una nueva normativa y que se lo inhabilite de por vida”.