Tres meses antes de dejar el poder la administración de Alberto Fernández, se habían adquirido 290 computadores de las cuales sólo encontraron 34, asignadas a agentes estatales.
El valor del material desaparecido es de 290 millones de pesos.
“Nos encontramos ante un gravísimo delito en perjuicio del erario público, por cuanto se habrían sustraído decenas de computadoras del ministerio de Cultura durante la gestión anterior, y todo ello, ante las narices de los funcionarios a cargo de la custodia”, se describe en la presentación judicial a la que accedió este medio.
En la causa 1742/2024 que tramita en el Juzgado Federal N°2 se detalla que “se trata de equipos marca Lenovo ThinkPad E15 Gen 4, por los que la administración pública habría pagado 1.030 dólares cada uno, por lo que se estima que el perjuicio patrimonial asciende a 181.280 dólares, lo que hoy equivale a 290 millones de pesos”.
En el escrito judicial, firmado por la subsecretaria Legal de Capital Humano, Leila Gianni, afirma que: “Los hechos surgen a partir de la solicitud que se le realizara al responsable de la Dirección de Tecnología de la Información del entonces Ministerio de Cultura, Ignacio Caamaño, para conocer el paradero de los bienes tecnológicos del área”.
La solicitud formal “fue realizada el 22 de febrero y la respuesta, que llegó el 27 del mismo mes”. La información, escueta, daba cuenta que “de un total de 288 computadoras adquiridas por el entonces Ministerio de Cultura, sólo 34 estaban asignadas a agentes estatales y se desconocía el paradero de las 254 restantes.”
La siguiente respuesta de la Dirección de Tecnología de la Información aseguraba que: “Todos esos equipos se encontraban a resguardo en el edificio de la avenida Alvear 1690 de la Ciudad de Buenos Aires”.
Sin embargo, cuando los actuales funcionarios de Capital Humano, realizaron una inspección ocular, “sólo se encontraron 18 de las notebooks faltantes”.
Hasta el 10 de diciembre de 2023 a cargo de la cartera estaba Tristán Bauer, pero será la justicia que deberá determinar si el ex ministro estaba al tanto de la supuestas maniobras ilícitas tipificadas como “hurto e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.