En un dictamen de 10 carillas, el fiscal federal Carlos Stornelli detalló que el exjefe de Estado, a través del Ministerio de Defensa y la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar), cedió estos terrenos de manera irregular y gratuita mediante la Administración de Bienes del Estado (AABE).
Entre los beneficiados se cuentan Víctor Santa María (encargados de edificios), Roberto Baradel (CTERA), Héctor Daer (Sanidad) y Ariel Furman (UOM).
Además, existen otros nueve casos de cesiones realizadas en los últimos meses del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. La causa se encuentra en manos de la jueza federal María Eugenia Capuchetti y la fiscal Alejandra Mángano.
Un ejemplo es el predio de 120.000 metros cuadrados de la Fuerza Aérea Argentina en la autopista Ricchieri Km. 33.5, en Ezeiza, que fue entregado al sindicato del empresario de medios y dirigente K, Víctor Santa María.
Otro es un terreno de la Fuerza Aérea en Ezeiza, de 160.000 metros cuadrados, que fue otorgado en uso precario y gratuito al sindicato de Roberto Baradel, uno de los principales dirigentes sindicales K en Buenos Aires.
La Sedronar también entregó 1.500 metros cuadrados ubicados en Humberto 1° al 550, en la CABA, a la CGT como cesión de uso gratuito. A su vez, el Ejército debió ceder a la UOM 80.129 metros cuadrados en la Autopista Camino del Buen Aire y General A. Soler, en Remedios de Escalada, Partido de Tres de Febrero, sin considerar el peligro por la cercanía con un campo de tiro.
Estas cesiones fueron ordenadas por el exjefe de Gabinete Agustín Rossi en los últimos años del gobierno kirchnerista.
Stornelli afirmó que la medida involucró a «otras áreas del Poder Ejecutivo, entre ellas el Ministerio de Defensa, con el presunto fin de beneficiar indebidamente a distintas entidades gremiales mediante el otorgamiento de permisos precarios de uso gratuito de distintos terrenos e inmuebles propiedad del Estado Nacional y en detrimento de los intereses de este último».
El fiscal advirtió que «no hay evidencia de que se haya realizado, previo al otorgamiento de los permisos, algún tipo de convocatoria pública para que distintas entidades puedan presentarse y obtener el permiso de uso de estos inmuebles».
En cambio, todos los predios fueron asignados directamente al AABE. Además, no se dispuso un plan para el uso de esos predios, como establece la normativa de la AABE, «de modo tal que se desconoce hasta cuándo podrán los sindicatos beneficiados hacer uso de dichos bienes».
