Una vez más, la justicia mendocina sorprende: pese a la gravedad de los cargos, la sentencia llega tarde y leve.
Se trata del caso protagonizado en 2009 por los obstetras Ernesto Aveiro, quien falleció el año pasado a los 86 años y Silvia Lorenzo (69), el cuidador e hijo de Lorenzo, Diego Funes(45), la médica y secretaria Hilda Griselda Morán (65); y Roxana Ascanio (53), una vecina que colaboraba en la clínica.

Silvia Irene Lorenzo, la ginecóloga y obstetra condenada
Si bien la fiscalía los imputó por los delitos de asociación ilícita y facilitación, promoción o intermediación en la alteración de la identidad de un menor de 10 años, los acusados obtuvieron la libertad condicional mientras avanzaba el proceso penal. Y, en el avance de la causa, consiguieron que les quiten la calificación de asociación ilícita.
El pasado lunes –quince años después– fueron condenados a una pena de 3 años de prisión en suspenso, por lo que continuarán en libertad.
Tras una rigurosa investigación, personal policial realizó un allanamiento en una vivienda de calle Álvarez Condarco y otro en calle Sarmiento en San José, departamento de Guaymallén; y comprobaron que allí funcionaban dos clínicas que realizaba abortos y partos en forma clandestina.
Al ingresar a la casa encontraron una sala de espera montada para los pacientes. En otra habitación, un quirófano con estribos para partos, material quirúrgico e incluso desechos de placenta y gasas con sangre.
Además, los efectivos encontraron a una bebé de algunos días de nacida sola en una cuna. Mientras que en el domicilio de calle Sarmiento, una vecina, al ver llegar a la policía, escondió un bebé de tres meses debajo de la cama. Ambos niños estaban indocumentados y aparentemente listos para venderlos.
Según la investigación del caso, las mujeres llegaban a la clínica clandestina para realizarse un aborto y se les recomendaba continuar con el embarazo, incluso las madres recibían dinero para solventar los gastos durante ese periodo.
Luego tenían los bebés en la clínica y estos eran ofrecidos a otras familias que querían comprarlos. Pedían desde $20.000 por bebé y la cifra cambiaba según su color de piel y ojos del recién nacido.
También realizaban partidas de nacimiento falsas para que las familias compradoras pudieran registrarlos y sacarles el DNI.
Escandaloso:
En los procedimientos, la Policía encontró a dos bebés indocumentados, que se presume iban a ser vendidos. La investigación reveló que las embarazadas eran reclutadas en Mendoza y en las provincias vecinas.
Durante seis meses, en un trabajo conjunto entre la Policía de Mendoza y la Policía Federal, se siguieron varias pistas a partir de denuncias de mujeres que habrían abortado o entregado a sus bebés en estos sitios ilegales.
El dato se confirmó cuando encontraron a la beba que estaba sola en una de las falsas clínicas y, luego, al ingresar a otra vivienda y descubrir que la dueña de casa había escondido a un varón, de unos tres meses, debajo de la cama.
La sospechosa trabajaba en uno de los centros de aborto y no pudo justificar la filiación con el bebé. Es una de las condenadas. Según los investigadores, a las mujeres que le tenían temor a un aborto y pedían auxilio en estas clínicas clandestinas se les recomendaba que continuaran el embarazo.
La Justicia determinó que las madres recibían dinero para cubrir los gastos de los meses de gestación y, una vez producido el parto, las enfermeras y los médicos se quedaban con el bebé.
Funes, el hijo de la obstetra, vivía en la planta alta de la vivienda que funcionaba como clínica clandestina y era el encargado de cuidar a los recién nacidos hasta que los entregaban a una familia compradora.
La médica y su secretaria Hilda Griselda Morán eran las encargadas de buscar a las parejas que iban a comprar a los niños. En ese momento, 2009, se mencionó un valor de 20 mil pesos por bebé.
La foto de portada muestra la casa donde funcionaba la clínica clandestina