El presidente Javier Milei tiene 30 días hábiles para pronunciarse. Pasado este lapso, los recurrentes podrán accionar vía judicial.
Los empresarios integrantes de la Multisectorial del Sur presentaron un recurso de reconsideración contra el decreto que ratificó la adenda que el Poder Ejecutivo nacional y el gobernador Alfredo Cornejo firmaron para ampliar el destino de los 1.023 millones de dólares que originariamente serían para Portezuelo del Viento.
Plantean que no medió una autorización del Congreso de la Nación para que el Ejecutivo nacional disponga de un cambio en el destino de los fondos.
Entienden que ese paso es necesario porque el convenio del 2006 entre Julio Cobos y Néstor Kirchner, que dispuso que el resultado de la reparación por la falta de Promoción Industrial se destinaría a la construcción de una represa, no solo fue homologado por la Corte Suprema de Justicia, sino que también pasó por el Congreso que años más tarde le otorgó presupuesto.
El objetivo es que «se deje sin efecto el decreto que le dio luz verde a Cornejo» y, por tanto, «que se deje sin efecto la adenda«, señaló a Diario UNO el abogado Enzo Orosito, también miembro de la Multisectorial, que está en trámite para obtener la personería jurídica.
Mientras tanto, se pide que se suspendan los efectos del decreto para que el gobernador de Mendoza no pueda disponer libremente de los fondos.
Lo que señalan en el escrito administrativo dirigido al presidente Javier Milei es que tienen un interés legítimo como cualquier persona de San Rafael, Alvear o Malargüe en que esos fondos se mantengan para inversiones en la zona, como estaba previsto en un primer momento.
Y que el daño es inminente dado que ya se ha autorizado el cambio de destino y la relocalización del mismo.
El recurso se interpuso contra el decreto 587/24, que fue el que perfeccionó el acto y «liberó» definitivamente los fondos. Antes de ello, de manera preventiva, el concejal sanrafaelino Martín Antolín, que pertenece al Partido Libertario, había presentado recursos provinciales y nacionales contra la adenda firmada por Alfredo Cornejo y los ministros de Economía, Luis Caputo, y del Interior, Guillermo Francos.
Esos recursos no fueron contestados y el 8 de julio, día en que se ratifica la adenda por decreto, la Multisectorial sumó un emplazamiento, que tampoco tuvo avances.
Además, dicen en el escrito, de incumplir con aquel convenio también se incumpliría con la Ley del Coirco, que obliga a dar una cuota de agua a Mendoza para derivar a la cuenca del Río Atuel. ¿Por qué? Porque para eso sería necesario realizar un trasvase y antes de ello, un dique.
Y su vez, que no se utilicen los fondos para la construcción de la represa, y por tanto para un trasvase, implica «tornar de incierto el cumplimiento» del fallo de la Corte que manda a Mendoza a darle agua a La Pampa.