De los diez diputados nacionales por Mendoza, sólo tres votaron a favor del veto: Facundo Correa Llano, Mercedes Llano y Álvaro Martínez, todos de La Libertad Avanza.
Los siete restantes votaron por el mantenimiento de la ley. Se trata de los peronistas Liliana Paponet, Adolfo Bermejo y Martín Averio. También en este sentido votaron los radicales Pamela Verasay, Lisandro Nieri y Julio Cobos; y la ex oficialista, Lourdes Arrieta.
La Ley de financiamiento tenía como objetivo el aumento del presupuesto universitario (Lo que ahora no va a ocurrir) y fue impulsada por la UCR y aprobada por el Senado el pasado 12 de septiembre.
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el costo total de la Ley equivalía al 0,14% del PBI, equivalentes a unos $740.000 millones. De ese total, poco más de $441.000 millones (0,8% del Producto) corresponde a la recomposición de salarios docentes y no docentes.
- Buscaba aumentar el presupuesto de las universidades públicas de la Argentina.
- Establecía una distribución fija del presupuesto universitario, al asignar el 85% a gastos salariales y el 15% restante a gastos generales y de funcionamiento.
- Para los gastos de funcionamiento, introducía un mecanismo de actualización bimestral basado en una fórmula que combina el índice de precios (50%), la variación del tipo de cambio (25%) y la variación de tarifas de servicios públicos (25%).
- Proponía una recomposición salarial para docentes y no docentes en línea con la inflación, pero de manera complementaria a las paritarias.
- Autorizaba al Poder Ejecutivo a realizar ajustes para actualizar el presupuesto de las universidades al 1 de enero de 2024, considerando la inflación anual de 2023 (211,4%).
- Modificaba el artículo 58 de la Ley de Educación Superior y establecía nuevos criterios para la distribución del presupuesto entre las universidades. Estos criterios incluían factores como el número de estudiantes, tipos de carreras, cantidad de egresados y actividades de investigación y extensión.
