Luego de que la Justicia le otorgara esta semana la libertad a Cacho Garay (71), comenzará ahora la etapa de audiencias donde se establecerá si humorista debe ser juzgado. Pero lo más importante no pasará por la elevación a juicio del expediente, sino cuáles de los 10 delitos por los que está imputado deben llegar a debate, es decir, si es juzgado por todos o sólo por algunos.
La jueza Natacha Cabeza había programado una audiencia donde se iba a tratar la oposición a la elevación a juicio que hizo la fiscal de Violencia de Género, Mónica Fernández Poblet, y que fue apoyada por los querellantes Cristian Vaira Leyton y Agustín Magdalena en septiembre pasado.
Pues bien, Daniel Romero se opuso a esta medida y la jueza deberá tratar ese aspecto, que finalmente se tratará en una audiencia pautada para el 19 de mayo. Romero podría solicitar allí el sobreseimiento de alguna de las acusaciones o de todas.
De esta forma, tanto el defensor como los abogados querellantes ya están sacando cuentas en relación a la cantidad de delitos que podrían llegar a juicio. Sobre todo, a las acusaciones que tienen mayores penas, es decir, abuso sexual con acceso carnal en un número indeterminado de hechos, abuso sexual doblemente agravado por ser con acceso carnal y por ser cometido por dos personas y con el uso de armas en un número indeterminado de hechos y privación ilegítima de la libertad agravada por ser cometida contra una persona a quien se debe respeto particular en un número indeterminado de hechos.
Por estos delitos más graves, el comediante podría recibir una pena de hasta 8 años.
Como la estableció la magistrada, tras pagar una fianza de total de $ 7 millones (ya le habían fijado $5 millones con anterioridad), Garay deberá cumplir las siguientes reglas de conducta: prohibición de salir de Mendoza y de Argentina, entrega del pasaporte, presentarse a firmar semanalmente en la unidad fiscal interviniente.
Además, deberá continuar con tratamiento psicológico y psiquiátrico, debiendo presentar cada mes el certificado correspondiente. Sigue vigente la prohibición de acercamiento a menos de 700 metros de la denunciante, su ex pareja, quien ahora reside en Córdoba.
También tiene prohibición de contacto o acercamiento a los peritos y testigos, no debe el consumir alcohol ni drogas y no cometer delitos para que la medida se mantenga.
