La propuesta ahora deberá ser tratada por la Cámara de Diputados.
La iniciativa plantea que no podrán ingresar a la docencia personas condenadas por delitos graves. A su vez, plantea que las sentencias por estos delitos serán un motivo de despido e inhabilitación permanente, tanto para docentes, celadores y administrativos.
El proyecto del Gobierno de Mendoza tiene como objetivo “fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes en las instituciones escolares mediante la prohibición del ingreso o permanencia de personas condenadas en primera instancia por delitos contra la integridad sexual, por la supresión y suposición del estado civil y de la identidad y por delitos contra la libertad individual”.
Mariana Zlobec, presidente de la comisión de Educación del Senado, explicó que el proyecto prohíbe que personas con antecedentes penales por delitos graves, como los cometidos contra la integridad sexual, la libertad, la identidad o la malversación de fondos públicos, puedan ocupar cargos como docentes, celadores o personal administrativo.
Además, se pretende crear un registro de inhabilitaciones que estará bajo la gestión de la Dirección General de Escuelas. Este registro permitirá reforzar la transparencia en los procesos de selección y fortalecer el compromiso del sistema educativo con la seguridad de los estudiantes.
