La organización funcionaba desde 2016 y tenía como objetivo bloquear el acceso a información sensible de dirigentes y empresarios vinculados al kirchnerismo y sus empresas. El modus operandi denunciado consistía en bloquear información puntual de patrimonio y movimientos de las personas implicadas y sus activos.
En la lista de 51 individuos señalados aparecen algunos condenados como Alejandro Vandenbroele (sentenciado por el caso Cicone) y Lázaro Báez (preso por el juicio por corrupción en Vialidad).
Así, quedaron bajo sospecha 51 empresas o personas jurídicas, que aparecían como contribuyentes, pero estaban blindados ante los requerimientos que AFIP realiza normalmente a los ciudadanos comunes y empresas, con fines recaudatorios o eventuales sanciones.
En el sistema informático de la AFIP se encuentra la base de datos de toda la población, con registro de sus actividades productivas y las obligaciones que tienen como contribuyentes. No obstante, existe una nómina en la que sólo aparecen personas cuya información es considerada sensible por motivos especiales, como puede ser el caso del presidente de la Nación. Es decir, a ese apartado se le brinda un trato especial y sólo tienen acceso funcionarios con jerarquía al máximo nivel. Allí estaban incluidos, sin embargo, personas que se supone gozaban de tal privilegio pero por razones discrecionales, de cercanía política.
Este esquema, denunciado como irregular por la actual conducción del ente recaudador, fue descubierto en esta nueva etapa, donde la AFIP registró cambios en su forma de gestión. Por caso, su nombre fue modificado y pasó a llamarse ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero).
La lista de empresas y personas protegidas en AFIP descubierta, es la siguiente:
Alucom Austral B.R.L, Martín Antonio Báez, Lázaro Antonio Báez, Kank y Costilla SA, Don Francisco Sociedad Anónima, La Estación Sociedad Anónima Loscalzo y Del Curto Construcciones SRL, Badial SA, Austral Construcciones SA, Valle Mitre, IDEA SA, Los Sauces SA, Hotesur, Co Ma, Alcalis de la Patagonia, Oil Combustibles, Casino Buenos Aires, Kamus SRL, Gotti SA, Sucesión de Biancalani Adelmo, Estrellas del Sur SA, Alternativa SA, M&P SA, Diagonal Sur Comunicaciones SA, Servicio Integral Alem SRL, Top Air SA. OIL M&S SA, Inversora M&S SA, Báez Luciana Sabrina, Ghione Marcelo Américo, Cabrera Pablo Horacio, Organización Turística Sur SRL, Gutiérrez Víctor Fabián, Electroingeniería SA, Herrera Daniel Osmar, Sanfelice Osvaldo José, Negocios Inmobiliarios SA, Hotel Waldorf SA, Negocios Patagónicos SA, Carnero Santiago, Cifuentes Mario Víctor, Ciccone Nicolás Tadeo, Vandenbroele Alejandro Paul, Forcieri César Guido, Resnick Brenner Ezequiel, Kirchner Florencia, Mercado Romina de los Angeles, Manzanares Víctor Alejandro y Lakaut SA.
La anomalía se descubrió el pasado 17 de diciembre, cuando los funcionarios de la actual gestión requirieron información de una empresa particular. Sin embargo, el acceso a los pormenores de su actividad se encontraban bloqueados, por formar parte de la nómina hoy sospechada.
El episodio fue registrado por los nuevos funcionarios y comenzó el seguimiento de todas las razones sociales que se encontraban en el mismo régimen, gozando de una trato especial. Al emprender tal revisión, los funcionarios concluyeron que medio centenar de empresa se encontraban con esa protección por motivos discrecionales, sin una razón objetiva que justifique el trato diferencial.
