Tras la salida del juez Sebastián Sarmiento, su reemplazo dejó sin efecto el freno a la medida.
Luego de la suspensión en la quita de celulares a personas privadas de su libertad, hay novedades y el proceso continuará.
Fue el el juez Juan Manuel Pina quien revirtió la suspensión que había frenado el retiro de los dispositivos en dos de los principales complejos penitenciarios de la provincia, Boulogne Sur Mer y San Felipe. Esta decisión llega luego de que Sebastián Sarmiento, quien había puesto un alto a la medida, decidiera apartarse del caso.
Sarmiento tomó la decisión de dejar la causa después de recibir críticas públicas del Gobierno provincial, que incluso barajaba iniciar un jury de enjuiciamiento en su contra. A través de una nota oficial informó que se alejaba del caso que despertó todo tipo de opiniones, “en atención a las circunstancias de público conocimiento que podrían afectar la percepción de imparcialidad”.
Tras su salida, el juez de turno de Ejecución Penal, Juan Manuel Pina, tomó el control del expediente. En su resolución, resolvió “suspender la suspensión” dictada el 15 de abril, habilitando así nuevamente al Servicio Penitenciario a continuar con el retiro de celulares en los penales.
El conflicto judicial había comenzado cuando organismos de Derechos Humanos y representantes de los internos presentaron un hábeas corpus, reclamando que no se garantizaban los teléfonos públicos suficientes para mantener la comunicación con sus familias, como exige la ley.
Sarmiento había fundamentado su decisión previa de frenar la medida en que no se cumplía con las Reglas Mandela, ni con la Constitución Nacional y los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
En su descargo, el juez también habló del impacto político y mediático que generó su fallo, y sostuvo que era importante “preservar la serenidad del proceso judicial”. Finalmente, citó el Código Procesal Penal de Mendoza, que indica que un juez debe inhibirse si hay situaciones que puedan comprometer su imparcialidad.
Con esta nueva decisión, el Gobierno recupera la vía libre para retirar los celulares a las personas privadas de libertad. Aunque el debate sobre el derecho a la comunicación en las cárceles y el accionar judicial sigue generando fuertes cruces entre poderes en la provincia.
