Se trata del caso de los sub oficiales instructores Juan Pablo Vega Bustos, Miguel Vergara Gómez, Alexander Damián Skamelka, Lucio Tobares Alanis, Gustavo Ariel Brito Álvarez y Nicolás Germán Raso Di Santo, condenados por el Tribunal Oral Federal de Mendoza en agosto de 2023.
Todos resultaron coautores del delito contemplado en el artículo 249 bis del Código Penal, que sanciona al militar que “en sus funciones y prevalido de su autoridad, arbitrariamente perjudicare o maltratare de cualquier forma a un inferior”, lo que además está expresamente contemplado en los reglamentos militares, del Ejército Argentino.
Aunque con una pena muy leve, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas hasta ocho meses de prisión condicional de los militares por el maltrato inflingido más allá de los reglamentos castrenses, contra los soldados Sergio Rodríguez Vallone, Franco Lucero Díaz, Ignacio Robledo, Rodrigo Medina Tejada, Nicolás González Garberoglio, Maximiliano Díaz Boniowski e Ignacio Di Massi González. La denuncia original la había realizado el propio Ejército Argentino, en la persona del Comandante de la VIII Brigada de Montaña, General Gustavo Javier Vidal, en 2015.
El tribunal consideró probado, por un video, que los imputados sometieron a los aspirantes a distintas actividades denigrantes, que incluyeron prácticas nocturnas bajo el pretexto de entrenamientos y un “ritual de iniciación” conocido como “chasqui de guerra”.
Los hechos ocurrieron entre el 21 y 22 de mayo de 2015 en la Compañía de Comunicaciones de Montaña VIII, ubicada en Mendoza, durante el curso de capacitación denominado “Núcleo de Instrucción Básica” (NIB).
Durante una instrucción de combate nocturna informalmente llamada “campo de prisioneros”, los aspirantes fueron atados, interrogados y forzados a realizar simulacros de tortura. Según se corroboró en el debate oral, las víctimas recibieron descargas eléctricas con un teléfono de campaña, golpes, empujones, insultos y otros maltratos.
El segundo episodio, ocurrido la madrugada siguiente, consistió en un “ritual de iniciación”. Los voluntarios se formaron en fila y, uno por uno, se arrodillaron frente a los encargados del curso, quienes les propinaron golpes eléctricos, cachetadas y les obligaron a beber alcohol desde un casco militar para “recibirse” de soldados. Este acto fue grabado por los imputados, por lo que las filmaciones se utilizaron como elemento de prueba durante el juicio.
Por otra parte, se desconoce la sanción interna que la propia fuerza impondrá a los condenados.
