A través del decreto 193/2024, el Gobierno decidió un recorte casi total en la partida que era destinada al Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) que administran los movimientos sociales.
Para entender el alcance de la poda hay que retrotraerse a la ley 27.541, que había destinado la transferencia del 30% de lo recaudado del tributo para financiar obras de vivienda social a través del FISU, obras de infraestructura económica y fomento al turismo.
El decreto 184/2020 dictado por Alberto Fernández definió prioridades y estableció girar el 30% al FISU, el 65% a obras de infraestructura económica y 5% al turismo.
Con los cambios dispuestos hoy por Javier Milei, sólo se girará un 1% al FISU y un 94% para obras de infraestructura económica. El fomento al turismo continuará con el mismo 5% del producido.
En términos matemáticos, esto significa que del 9% del total del producido por el Impuesto País que percibían los movimientos sociales, ahora recibirán un porcentaje testimonial de apenas 0,3 por ciento.
