Aunque parezca increíble, un empleado del Gobierno de Mendoza fue encontrado responsable de la desaparición de un aparato de alta tecnología, que la Dirección de Minería utiliza para sus actividades.
La decisión fue publicada este viernes en el Boletín Oficial, en el decreto 2480, en el cual se le aplicó la cesantía al agente César Manuel Palma Petrizani, que se desempeñaba en el ministerio de Producción, al haberlo encontrado culpable del robo de un dron. También se sancionó con tres días de suspensión a los agentes Luis Alberto Fracapani y Hugo Márquez por haber sido los “encargados directos de la custodia y conservación de los bienes de la Dirección de Minería”.
Según los considerandos del decreto, se abrió un sumario administrativo a los tres agentes cuando se constató la “sustracción de un dron marca DJI, Modelo Matrice 210, con sus accesorios, perteneciente a la Dirección General de Minería”.
En paralelo, se realizó una denuncia en la oficina fiscal de Robos y Hurtos, que realizó un allanamiento en la vivienda de Palma Petrizani, donde se encontraron “algunos elementos correspondientes al equipo sustraído”. De hecho, en la síntesis del allanamiento, se informó que “en la habitación donde pernota el morador Palma César se encuentra una cámara de dron color negra marca DJI “zenmuse x4s” , una tabla color gris marca Ipad (Ndr: de Apple) en regular estado…”.
El gobierno entendió que “dichos bienes eran los denunciados como sustraídos y pertenecientes a la Dirección de Minería por lo que su hallazgo en la morada del agente, sin haber brindado las suficientes explicaciones de ello ni a las autoridades judiciales ni ante esta instancia, permiten concluir sin lugar a dudas que dicha conducta del agente es contraria con las disposiciones del artículo 14 de la ley 9103″.
Respecto de la conducta desplegada por los agentes Márquez y Fraccapani, “no hay dudas que los mismos eran los encargados directos de la custodia y conservación de los bienes de la Dirección y que se encontraban puestos bajo su órbita de cuidado directo”, expresaron, y agregaron que “tales obligaciones no se desempeñaron adecuadamente”.
Por otro lado, se dejó en claro que Márquez es delegado sindical, por lo que el Gobierno instruyó al asesor de Gobierno, Ricardo Canet, que “inicie, prosiga y ejecute las acciones judiciales a los efectos de excluir la tutela sindical del agente”.
Finalmente, producto de toda la investigación, la Oficina General de Sumarios concluyó que los agentes involucrados “no lograron desbaratar los hechos que se les atribuyen, lo que permite el convencimiento del Instructor de tener por probado la conducta de los agentes”. Lo mismo determinó la Honorable Junta de Disciplina de la Subsecretaría de Energía y Minería, que sugirió también la cesantía de Palma Petrizani y suspensión de Fracapani y Márquez.
