El Instituto Provincial de Viviendas (IPV) se sostiene y buscan mejorar la recaudación en las cuotas para acrecentar el flujo de ingresos por recupero.
La subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, María Teresa Baduí, sostuvo que siguen con las 3.556 casas y los 1.753 mejoramientos y que incluso por pedido de las empresas constructoras han tenido que adelantar los pagos de certificaciones con entregas semanales para paliar la grave crisis que atraviesa el sector y el país.
La funcionaria recalcó a medios provinciales, que estos fondos, son estrictamente de la provincia, ya que la Nación tiene una deuda desde diciembre del año pasado de $1.500 millones, que están comprometidos en los diferentes programas nacionales que se bajan a las jurisdicciones.
El panorama es muy desalentador por la caída de la recaudación de Mendoza, pero además la quita de fondos como el Impuesto a las Ganancias que representa una pérdida de aproximadamente $7.000 millones en concepto de coparticipación para Mendoza sólo entre los meses de octubre y noviembre. Sin embargo, Baduí explicó que están trabajabando en sistemas de construcción que bajen los costos y además sean más rápidos para atenuar la suba de los precios de insumos mes a mes.
Más de 20.000 beneficiarios del IPV no pagan su cuota
Baduí detalló que en la actualidad hay 35.308 beneficiarios de créditos de beneficiarios del IPV, de los cuales 15.090 están al día, pero 20.218 son morosos. Aquellos acreedores que no cancelan sus cuotas representan un 57% del total de los créditos otorgados.
Lo peor del caso, para el Estado y para el resto de las personas y familias que no tienen vivienda y que deben afrontar el costo de un alquiler de entre $120.000 y $150.000 mensuales, es que el 63% de los morosos tiene una cuota menor a $500.
Mientras que de cuotas de $501 a $5000 representa el 16% y mayores del $5.001 el 17% de los que no cancelan su préstamo.
La nueva gestión del IPV busca actualizar las cuotas conforme a lo establecido por la ley y con coeficientes que sean coherentes de aplicarse, reconoció la funcionaria.
«El 63% de los morosos que debería pagar una cuota de $500 y no lo hace, a pesar de muy baja, representan unos $3.700 millones con lo se cancela la certificación de un mes», analizó.
«Estamos estudiando la actualización de las cuotas pero además que el cobro sea más eficiente», remarcó.
