Se reunieron en una mesa de diálogo.
El Gobierno dio un primer paso en busca de desactivar un paro general o una movilización en mayo tras recibir por primera vez a la cúpula de la CGT, que, pese a la resistencia del núcleo duro y algunas desconfianzas, estaría dispuesta a participar de una mesa de diálogo permanente con el Gobierno.
Para que se empiecen a coincidir los intereses de ambas partes, los referentes de los sindicatos apoyarían cambios acotados en la legislación laboral que se están cocinando en el Congreso, pero a cambio reclamaron al Poder Ejecutivo que acelere la homologación de acuerdos paritarios que no aprobó todavía.
Esta reunión que encabezó el ministro del Interior Guillermo Francos, con la principal central obrera del país, sirvió para barajar y dar de nuevo en la relación compleja y de dientes apretados entre el gobierno de Javier Milei y los sindicalistas.
El mega DNU con la reforma laboral que frenó la Justicia, fue la gota que rebalsó el vaso y dejó al descubierto las diferencias. Pero hoy se abrió una puerta de diálogo más allá de que la cúpula de la CGT apuesta al fracaso de la Ley Bases en el Congreso y la caída definitiva del DNU de la mano del bloque de Unión por la Patria, la izquierda y algunos legisladores díscolos de las provincias y de la UCR.
Qué puntos se modificarían de la ley
Los negociadores libertarios se mostraron dispuestos a sacar de la Ley Bases los artículos de la reforma laboral que figuran en el DNU más resistidos por el sindicalismo. Uno es la limitación de las cuotas solidarias, el recurso más eficaz para el financiamiento de los sindicatos a través de los descuentos compulsivos de una suma pactada en los convenios colectivos de trabajo, que el Poder Ejecutivo propuso que debían contar con el «consentimiento explícito» del trabajador para ser descontada.
Otro punto del DNU que critica la CGT es el que diluye la ultraactividad de los convenios colectivos, principio que obliga a mantener su vigencia hasta no negociar uno nuevo, algo que los sindicalistas defienden a rajatabla como una forma de «preservar los derechos de los trabajadores» y evitar una «negociación a la baja».